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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 266, numeral 1 de la Constitución, es atribución de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, “ejercer la jurisdicción constitucional conforme al título VIII de esta Constitución”.

En dicho título de la Constitución se ubica el artículo 336, de acuerdo con el cual: “son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

  1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la asamblea nacional, que colidan con esta Constitución.
  2. Declarar la nulidad total o parcial de las constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los estados y municipios dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución y que colidan con ella.
  3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el ejecutivo nacional, que colidan con esta Constitución.
  4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de esta Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del poder público, cuando colidan con ésta.
  5. Verificar, a solicitud del presidente o presidenta de la república o de la asamblea nacional, la conformidad con esta Constitución de los tratados internacionales suscritos por la república antes de su ratificación.
  6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el presidente o presidenta de la república.
  7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.
  8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer.
  9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del poder público.
  10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la república, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
  11. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremode justicia establece expresamente la competencia de la Sala Constitucional en su artículo 5, numerales 3 al 23, que de seguidas se transcriben:

“artículo 5

Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto tribunal de la república.

omissis

3. Resolver los conflictos de cualquier naturaleza que puedan suscitarse entre las salas que lo integran o entre los funcionarios del propio tribunal, con motivo de sus funciones;

4. Revisar las sentencias dictadas por una de las salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la república bolivariana de Venezuela, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la república, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la república bolivariana de Venezuela, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la república, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra sala;

5. Conocer de las apelaciones contra las sentencias de amparo constitucional y de la acción autónoma de amparo, contra las sentencias que dicten los tribunales superiores como tribunales de primera instancia, que decidan sobre la acción de reclamo para garantizar el derecho humano a réplica y rectificación o para proteger el derecho al honor, a la vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas afectadas directamente por la difusión de mensajes e informaciones falsas, inexactas o agraviantes a través de los prestadores de servicios de radio y televisión. En todo caso el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, tiene la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida;

6. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la asamblea nacional, que colidan con la Constitución de la república bolivariana de Venezuela, mediante el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad. La sentencia que declare la nulidad total o parcial deberá publicarse en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela, determinando expresamente sus efectos en el tiempo;

7. Declarar la nulidad total o parcial de las constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los estados, municipios y del distrito capital, dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ella, mediante el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad. La sentencia que declare la nulidad total o parcial deberá publicarse en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela y en la gaceta oficial estadal o municipal que corresponda, determinando expresamente sus efectos en el tiempo;

8. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el ejecutivo nacional, que colidan con la Constitución de la república bolivariana de Venezuela, mediante el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad. La sentencia que declare la nulidad total o parcial deberá publicarse en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela;

9. Declarar la nulidad total o parcial de los actos dictados por cualquier órgano en ejercicio del poder público, en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la república bolivariana de Venezuela, cuando colidan con ésta y que no sean reputables como actos de rango legal;

10. Verificar, a solicitud del presidente o presidenta de la república o de la asamblea nacional, la conformidad con la Constitución de la república bolivariana de Venezuela, de los tratados internacionales suscritos por la república antes de su ratificación.

11. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el presidente o presidenta de la república;

12. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución de la república bolivariana de Venezuela, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos generales esenciales para su corrección, sin que ello implique usurpación de funciones de otro órgano del poder público, o extralimitación de atribuciones;

13. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones de cualquiera de los órganos que ejerzan el poder público de rango nacional, respecto a obligaciones o deberes establecidos directamente por la Constitución de la república bolivariana de Venezuela;

14. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer;

15. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualquiera de los órganos del poder público;

16. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los demás tribunales de la república;

17. Conocer, antes de su promulgación, la constitucionalidad del carácter orgánico de las leyes dictadas por la asamblea nacional, y de los decretos con fuerza de ley que dicte el presidente de la república en consejo de ministros mediante ley habilitante;

18. Conocer en primera y última instancia las acciones de amparo constitucional interpuestas contra los altos funcionarios públicos nacionales;

19. Conocer de las apelaciones de las sentencias dictadas por los tribunales contencioso administrativos, cuando su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal, con ocasión a la interposición de acciones autónomas de amparo constitucional;

20. Conocer las acciones autónomas de amparo constitucional contra las sentencias en última instancia dictadas por los tribunales contencioso administrativos, cuando su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal;

21. Conocer de la solicitud de pronunciamiento, efectuada por el presidente de la república, sobre la inconstitucionalidad de las leyes sancionadas por la asamblea nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución de la república bolivariana de Venezuela;

22. Efectuar, en Sala Constitucional, examen abstracto y general sobre la constitucionalidad de una norma previamente desaplicada mediante control difuso de la constitucionalidad por una sala del Tribunal Supremo de Justicia, absteniéndose de conocer sobre el mérito y fundamento de la sentencia pasada con fuerza de cosa juzgada;

23. Conocer de las controversias que pudieren suscitarse con motivo de la interpretación y ejecución de los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la república. La sentencia dictada deberá ajustarse a los principios de justicia internacionalmente reconocidos y será de obligatorio cumplimiento por parte del estado venezolano…”.

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