Aprobada por las delegaciones de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay
El documento declara que los derechos humanos son supuestos normativos indispensables para la democracia constitucional; expresa su preocupación frente a nuevas formas de afectación a la independencia judicial; subraya los desafíos y retos que representan las nuevas tecnologías para el constitucionalismo contemporáneo y presenta la necesidad de respetar los principios del derecho internacional medioambiental.