La preservación de los recursos naturales, el medio ambiente y el cambio climático, la preservación del patrimonio cultural de la humanidad, el acceso al conocimiento científico y a las nuevas tecnologías y la independencia de los Tribunales Constitucionales, han sido las temáticas del congreso.

Han participado 22 representantes de instituciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En el encuentro, presidido por el presidente Enrique Arnaldo Alcubilla, han participado el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la Sala Constitucional de Costa Rica, la Corte Constitucional de Colombia y los Tribunales Constitucionales de Chile, Portugal, República Dominicana, España, Perú y Andorra.

Lo han firmado el presidente de la CIJC y magistrado del Tribunal Constitucional de España, Enrique Arnaldo Alcubilla y el presidente del Conferencia de Países de Lengua Portuguesa y del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, José Pina Delgado.

El acuerdo de colaboración busca estrechar los vínculos entre ambas organizaciones. Han estado presentes también los secretarios generales de las Conferencias, Andrés Gutiérrez Gil y Moussa Laraba en el encuentro, celebrado en el marco del Congreso Mundial de Madrid.

Con el objetivo de fortalecer las relaciones entre ambas asociaciones en defensa de la justicia constitucional. Han asistido también el secretario general de la Conferencia Iberoamericana, Andrés Gutiérrez Gil y la secretaria general de la ACCF, Caroline Pétillon.

El Tribunal peruano ha estado representado por su presidenta Luz Pacheco Zerga y por los magistrados Francisco Morales Saravia, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.

Fue elegida como magistrada por el departamento de Oruro en las elecciones judiciales del año 2024. Se trata de la primera mujer en ocupar ese cargo desde que las autoridades judiciales y constitucionales son elegidas por el voto popular.

El nuevo magistrado cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector público y privado, durante los cuales ha incidido en materias fundamentales de la vida institucional de Colombia. Ha sido presidente del Consejo Nacional Electoral y como Defensor del Pueblo, entre otros importantes cargos.

Ha sido elegido para la plaza que dejó vacante la ministra Elena Martínez Rosso conforme al artículo 236 de la Constitución de la República, que prevé que si en 90 días la Asamblea General no escoge al nuevo miembro, queda automáticamente designado el integrante de los tribunales de apelaciones con mayor antigüedad en el cargo.

'Continuaré trabajando para que la Constitución sea una garantía real en la vida cotidiana y para que los derechos fundamentales —como la salud, un ambiente sano y el acceso a una justicia pronta— se respeten plenamente. Mantengo mi convicción de ejercer esta función con independencia, rigor jurídico y absoluta vocación de servicio público', ha destacado el presidente.

'Dejo el Tribunal con el corazón apesadumbrado, pero con la conciencia tranquila de quien ha cumplido la misión de su vida', declaró al tiempo que ha enfatizado que su paso por la Corte ha estado marcado por la dedicación a la Constitución, la Justicia y la democracia.

Han formado parte del Tribunal desde 2016 y 2015, respectivamente. Ambos fueron escogidos por la Asamblea de la República y habían finalizado sus mandatos. Gonçalo de Almeida Ribeiro ha ocupado el cargo de vicepresidente desde el 2023 hasta el 2025.

Una de las principales conclusiones del Congreso es que existen claras amenazas a la independencia de los tribunales constitucionales a nivel mundial. Por ello, el presidente Cándido Conde-Pumpido Tourón ha pedido a todos los poderes de los Estados respetar las instituciones.

En la sesión relativa a la independencia de los Tribunales Constitucionales, ha explicado que se trata de un factor esencial para la democracia. Ha resaltado que la instrumentalización de las redes sociales, con la difusión de una gran cantidad de desinformación, 'es un terreno fértil para el fortalecimiento del discurso de odio, antidemocrático y contra el sistema y sus instituciones, especialmente el Poder Judicial'.

Una de las conclusiones ha sido que la conectividad digital, el acceso justo a la información y la gobernanza ética de las tecnologías emergentes son elementos vitales para el desarrollo humano. Y es imperativo que los tribunales y cortes protejan a las personas contra los abusos de la vigilancia, la discriminación algorítmica y las violaciones de la privacidad de datos.

Las diferentes ponencias han apuntado a que los tribunales y cortes constitucionales deben garantizar la dignidad y los derechos de las generaciones futuras. Y se han comprometido a velar por que "las decisiones judiciales del presente no hipotequen las libertades del mañana".

Ferreira ha reflexionado sobre el rol al del derecho de propiedad intelectual como mecanismo para la protección del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, en una sesión junto a los presidentes de los tribunales constitucionales de Turquía y Marruecos, moderada por España, con la relatoría de Chile.

En la sesión, ha defendido que preservar el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, es importante porque sustenta la identidad y la resiliencia de los ciudadanos del futuro. "Se deben aplicar mecanismos para proteger los bienes culturales, resolver litigios sobre el patrimonio y abordar prácticas culturales que entren en conflicto con los derechos humanos universales", ha concluido el Congreso.

También han asistido los magistrados Josep-Delfí Guàrdia Canela y Pere Pastor Vilanova. Andorra además ha estado presente en la Conferencia Iberoamericana, en la Conferencia de Tribunales Francófonos y en la Conferencia de Cortes Europeas.

También ha participado en la reunión de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional celebrada en España.

Además, han participado en las sesiones de trabajo el Vicepresidente, Conselheiro João Carlos Loureiro y la asesora del Gabinete del presidente, Mariana Coimbra Piçarra.

Han participado los magistrados de Guinea Ecuatorial, Macario Ondo Ndong Mofuman y Adelaida Ondua Casaña y el letrado mayor Pedro Mangue Ekie. En el encuentro se ha abordado el compromiso mutuo para el fortalecimiento del constitucionalismo en el ámbito hispanoafricano.

Se realizó un encuentro con el Pleno de la Sala Constitucional, en el que se abordaron temas de interés común vinculados con la función jurisdiccional y la organización administrativa de los tribunales constitucionales.

El objetivo es desarrollar actividades académicas, conferencias, seminarios y otros encuentros técnicos sobre temas de justicia constitucional, así como, de investigación e intercambio de informaciones, publicaciones y datos diversos, incluyendo materiales bibliográficos, estudios y estadísticas.

El acuerdo de cooperación ha sido firmado por los presidentes Edson Fachin y Daniela Marzi Muñoz. Entre las acciones previstas se encuentran el intercambio de información, jurisprudencia, documentos y publicaciones jurídicas, así como la organización de seminarios, coloquios, cursos y reuniones académicas.

Los presidentes Jorge Enríquez Ibáñez Najar y Edson Fachin firmaron el acuerdo, que contempla la formulación de proyectos conjuntos de investigación, el intercambio de investigadores y la realización de seminarios, talleres y conferencias orientados al estudio comparado entre los dos países y a la divulgación del derecho constitucional.

Durante el encuentro, Rosatti y Fachin intercambiaron experiencias respecto de las situaciones de ambas Cortes de Justicia y cómo mejorar el funcionamiento de los tribunales.